Justicia Social, Derechos Humanos y las PyMes

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Justicia Social, Derechos Humanos y las PyMes

El concepto de justicia social aparece hasta el siglo XIX, relacionado al conflicto generado por el creciente malestar y reclamo de los trabajadores que fue creciendo alrededor del mundo a partir de la instalación del capitalismo. El sacerdote jesuita italiano Luigi Taparelli lo utiliza por primera vez en 1843 en su Ensayo teórico del derecho natural apoyado en los hechos diciendo que “… la justicia social debe igual de hecho a todos los hombres en lo tocante a los derechos de humanidad….” Después de la Primera Guerra Mundial, en 1919, se crea la Organización Internacional del Trabajo que incorpora la noción de justicia social a su Constitución, como fundamento indispensable de la paz universal. En 1931, se incorpora plenamente a la Doctrina social de la Iglesia Católica, cuando para Pío XI, en la Encíclica Quadragesimo anno, la justicia social es un límite al que debe sujetarse la distribución de la riqueza en una sociedad, de modo tal que se reduzca la diferencia entre los ricos y los necesitados.

Igual de nuevo es el concepto de derechos humanos como aquellas condiciones que le permiten a la persona su realización: todas las libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Desde un punto de vista relacional, los derechos humanos también se han definido como las condiciones que permiten crear una relación integrada entre la persona y la sociedad, que permita a los individuos ser personas jurídicas, identificándose consigo mismos y con los otros.

¿Puede la empresa ser un instrumento generador de justicia social? ¿Puede la empresa garantizar y promover los derechos humanos? ¿Qué responsabilidades humanas y sociales debe tener el empresario? ¿Qué papel juega el Estado en todo esto? ¿Existen, en México, las condiciones necesarias para que esto suceda?

Estas preguntas son el punto de partida de la tesis doctoral de Ma. de Lourdes Fons Molina que hoy nos acompaña para presentar los resultados de su investigación. Ella es Lic. en Derecho por la Universidad Iberoamericana, Maestra en Dirección Empresarial por el IPADE y actualmente está por terminar su Doctorado en Derecho con protocolo en Justicia Social, Derechos Humanos y Franquicias en la Universidad Anáhuac; es catedrática de las Universidades Iberoamericana y Anáhuac.

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